Pastillas

LA GUERRA DE LOS HOMEÓPATAS EN ESPAÑA

Los partidarios españoles de la homeopatía no ganan para sobresaltos. Hace un año se movilizaron, petición de firmas incluida, contra la nueva normativa sobre autorización para la venta de medicamentos, que según ellos iba a acabar con la homeopatía en España. En realidad, la regulación sobre los productos homeopáticos que contiene el Real Decreto 1345/2007 es una copia (pala-bra por palabra y hasta la última coma) de la anteriormente vigente, establecida casi trece años atrás mediante el Real Decreto 2208/1994. La alarma de los homeópatas no se debía, por tanto, a un cambio legal, y muchos sospechábamos que en realidad lo que temían es que esta vez sí les obligasen a cumplir las leyes.

Y ese temor parece consumarse. Casi un año después, en abril de 2008, los homeópatas organizaron una nueva campaña de protestas contra el Ministerio de Sanidad. Su objetivo era en esta ocasión un proyecto de Orden Ministerial, una norma de rango inferior y que se limita a regular un procedimiento burocrático. El viejo Decreto de 1994 permitía que los productos homeopáticos que en aquel momento se encontraban a la venta siguiesen comercializándose, para lo cual bastaba con que los fabricantes comunicasen al Ministerio su intención de hacerlo. El Decreto de 2007, en cambio, exige que todos los productos homeopáticos se adapten a la nueva legislación, y para ello los fabricantes disponen de un plazo de tres meses para comunicar su intención de proceder a esa adaptación. La Orden Ministerial en proyecto se limita a aclarar cómo hay que hacer esa comunicación.

Parece inocente, ¿verdad? Sin embargo, para los homeópatas —que por lo visto tienen poca imaginación a la hora de inventar nuevos eslóganes— “va a acabar con la homeopatía en España”. Claro que sus razones son también las mismas que en 2007: la Orden Ministerial establece en primer lugar que los fabricantes deben remitir de nuevo al Ministerio los datos que ya enviaron en 1994, y en sus alegaciones la industria homeopática deja entrever que lo que temen es que las autoridades se tomen la molestia de comprobar la veracidad de esos datos, cosa que no hicieron en aquel momento. La legislación española permite que autorizar como medicamentos a los productos homeopáticos mediante un procedimiento mucho menos riguroso que el que se exige a los verdaderos medicamentos, hasta el punto de crear una nueva categoría (los “medicamentos homeopáticos sin indicación terapéutica aprobada”) para los que ni siquiera es preciso presentar estudios preclínicos, farmacológicos o clínicos que evidencien que producen realmente algún efecto sobre la salud del paciente. Sin embargo, buena parte de los productos homeopáticos del mercado ni siquiera cumplen los mínimos requisitos que establece este procedimiento simplificado, y es lógico que la industria tema que el Ministerio de Sanidad empiece a ordenar la retirada de estos productos que son, en definitiva, ilegales.

Pero la mayor preocupación de la industria homeopática se centra en un aspecto de la Orden Ministerial que le resulta mucho más doloroso: el económico. La Orden Ministerial, cumpliendo escrupulosamente lo que establece la Ley 26/2006, reguladora de los medicamentos de uso humano, dispone que los fabricantes deberán abonar la correspondiente tasa para cada medicamento autorizado teniendo en cuenta que cada grado de dilución y cada forma farmacéutica representa un medicamento distinto, por lo que deberán abonar una tasa por cada uno de esos grados de dilución y formas farmacéuticas que pretendan autorizar. La industria ha puesto el grito en el cielo, asegurando que la norma les supondrá tener que pagar más de trescientos cincuenta millones de euros (sí, han leído bien, 350.000.000 de euros). La cifra parece un tanto exagerada, ya que si tenemos en cuenta que la tasa asciende a 85,79 euros estaríamos hablando de más de cuatro millones de medicamentos distintos, y no parece que semejante cantidad esté al alcance ni siquiera de una industria como la homeopática, para la cual basta con añadir un poco más de agua para obtener un producto con (supuestas) cualidades distintas a las del anterior. De hecho las alegaciones formuladas por la industria hablan de 19.000 autorizaciones distintas, cantidad que sigue siendo muy abultada pero que tampoco justifica lo de los trescientos cincuenta millones de euros (hagan ustedes la cuenta). Por otra parte, la portavoz de un importante fabricante de productos homeopáticos ha asegurado que el número de autorizaciones que habrá que tramitar supera los ocho millones, que tampoco permiten cuadrar la multiplicación, pero que nos hacen sospechar que las matemáticas que manejan los homeópatas son tan, digamos, “creativas” como sus nociones de química o biología.

En fin, de momento así están las cosas. En el momento de escribir estas líneas el Ministerio está estudiando las diferentes alegaciones presentadas al proyecto, tanto por los homeópatas como por asociaciones racionalistas como Círculo Escéptico, que solicita expresamente que se mantenga el texto previsto e incluso se prevea expresamente la inmediata retirada del mercado de aquellos productos que, a la vista de la solicitud presentada, no cumplan ni siquiera la benévola legislación sobre “medicamentos” homeopáticos. Ahora sólo falta ver si el Ministerio sigue por el camino de hacer cumplir la ley a un sector que no está conforme ni siquiera con el trato de favor que le dispensan las leyes, o bien cede ante las presiones de la industria del agua “dinamizada” y vendida a precio de oro.